RAZONES PARA NO CONFIAR EN EL PSOE
16 enero 2009
El Servicio Andaluz de Empleo concedió a una Fundación Socioasistencial la subvención de 900.000 euros para una Escuela de Hostelería en Mercasevilla.
A instancias de Antonio Rivas, delegado provincial en Sevilla de la Consejería de Empleo, y de Fernando Mellet, uno de los directivos de Mercasevilla, instigado por Antonio Rivas, Daniel Ponce, el otro directivo de Mercasevilla, exigió al empresario del restaurante La Raza Pedro Sánchez Cuerda, interesado en el proyecto de hostelería, la cantidad de 450.000 euros, 150.000 para costear la acometida eléctrica y otros 300.000 como comisión a abonar a la Junta de Andalucía en contraprestación a la subvención concedida por ésta, que entregarían en un maletín que dejarían olvidado en un despacho para que un enviado lo recogiese.
26 enero 2009
Los empresarios del restaurante La Raza acuden a otra reunión con los directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce para negociar algunos asuntos de la Escuela de Hostelería que se iba a montar en la Lonja pública a raíz de la subvención concedida, sin apenas ser solicitada, procedente de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.
Los empresarios del restaurante habían tomado la precaución de llevar una grabadora y de registrar toda la conversación, en la que los directivos de Mercasevilla, siguiendo las indicaciones iniciales de Antonio Rivas, les volvieron a exigir ambas cantidades que sumadas dan 450.000 euros, y afirmaron que los 300.000 euros se solicitaban por exigencia de la Junta de Andalucía, ya que en la Junta era normal reclamar este tipo de contribución. Lo justificaban diciendo que la Junta de Andalucía colabora con quienes a su vez colaboran con ella.
27 enero 2009
Los dueños del restaurante La Raza deciden comentarle el asunto a Juan Gallo, amigo de uno de ellos y asesor de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía en esos momentos.
29 enero 2009
Los dueños del restaurante entregan a Juan Gallo la grabación de 74 minutos con la que después estallaría el escándalo.
12 febrero 2009
El alcalde de Sevilla y presidente del Mercado central, Alfredo Sánchez Monteseirín, envía a Mercasevilla un fax que ordena el cese inmediato de Fernando Mellet y Daniel Ponce.
17 febrero 2009
Fernando Mellet dimite en un Consejo de Administración de Mercasevilla en que anuncia que se marcha por problemas personales y alega la enfermedad de dos familiares.
El mismo día, la Junta de Andalucía no denuncia nada, sino que se limita a enviar una copia de la grabación de los empresarios a la Fiscalía para que ésta actúe como crea conveniente.
31 marzo 2009
El periódico ABC destapa la información de que “la Fiscalía investiga el cobro de comisiones a empresarios en Mercasevilla”, pero la Fiscalía no toma medidas concretas.
22 abril 2009
El mismo periódico publica la transcripción de la grabación. Entonces, el PSOE hace ostentación pública del escándalo, considera que Fernando Mellet ha engañado a la Administración Pública, e inicia un expediente para expulsar tanto a Fernando Mellet como a Daniel Ponce del partido socialista.
El portavoz del PP en el Ayuntamiento, Juan Ignacio Zoido, pone una demanda judicial en que aporta como prueba el recorte del periódico con la transcripción de la grabación del 26 de enero de 2009. El caso cae en el Juzgado de Instrucción número 6, dirigido por Mercedes Alaya. En las diligencias la juez ordena hacer una auditoría en Mercasevilla.
Varios meses después
La auditoría desvela el maquillaje de las cuentas de Mercasevilla. El delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, es imputado. El PSOE en grupo sale a defender a su cargo público. El Consejero de Empleo José Antonio Viera (del cual Antonio Rivas era la mano derecha) afirma que Antonio Rivas no tiene nada que ver con el caso y que se trata de una irregularidad aislada por parte de Fernando Mellet y Daniel Ponce.
Abril 2010
Ante el maquillaje de las cuentas, Mercasevilla (que depende del Ayuntamiento) formula acusación particular. La juez Mercedes Alaya la rechaza por falta de rigor y por ser un intento de ganarse el favor de la opinión pública.
Después de esto, Beltrán Pérez, concejal del PP en Sevilla, y miembro del Consejo de Administración de Mercasevilla, interpone una querella por delito societario que es admitida a trámite. Con esto se incluye el problema del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Mercasevilla de 2007, que se había estado pagando hasta abril de 2009.
Entonces, varios abogados de algunos imputados en la causa y la propia Mercasevilla inician un recurso para recusar a la juez Mercedes Alaya de esta rama de la instrucción, alegando que su marido auditó el Mercado en 2002. La Fiscalía apoyó inicialmente la recusación. Pero la Audiencia la desestimó al comprobarse que el esposo de la juez no tuvo relación directa con esta auditoría.
Noviembre 2010
Se descubre la inclusión de Antonio Garrido Santoyo, socialista de Baeza, en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Mercasevilla, donde nunca trabajó. A este tipo de personas, incluidas en el ERE de una empresa donde nunca han trabajado, se les llama “intrusos” en medios periodísticos, jurídicos e incluso sociales.
Después se descubre otra intrusa en los ERE de Mercasevilla, Carmen Fontela González (también en el ERE del restaurante sevillano Río Grande).
La juez Mercedes Alaya decide abrir nuevas diligencias por los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) llevados a cabo por la Junta de Andalucía en los últimos diez años (2000-2010).
La investigación de la Policía Judicial es contundente, e indica que el procedimiento para subvencionar los ERE es constitutivo de infracción penal.
Francisco Javier Guerrero, Director General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta y alcalde de El Pedroso (Sevilla), declara ante la Policía Judicial. Sale a la luz la existencia de un “fondo de reptiles” y de un nutrido grupo de conseguidores y mediadores. La Junta de Andalucía sostiene que los responsables son sólo cuatro sinvergüenzas.
Febrero 2011
Antonio Rivas, imputado en el caso Mercasevilla, por su presunta vinculación con la petición de comisiones ilegales a empresarios, presentó su dimisión como miembro de la Ejecutiva provincial del PSOE de Sevilla y como secretario local en la localidad de Camas, y solicitó la suspensión temporal de militancia hasta que se celebre el juicio.
La Junta de Andalucía y, concretamente, el PSOE andaluz deniega a la oposición abrir una Comisión de Investigación en el Parlamento sobre el caso de Mercasevilla. La Consejera de Presidencia, Mar Moreno, lo justificaba diciendo que tales Comisiones están en desuso.
La Ejecutiva regional del PSOE andaluz anuncia presentar una querella judicial contra Francisco Javier Guerrero, que firmó los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) promovidos entre 2003 y 2007 en el Mercado central de abastos de Sevilla, pero al que ya han expulsado del partido socialista. Finalmente, el PSOE andaluz decide personarse en la causa como acusación particular, a pesar de haber intentado ocultar el caso en sus inicios. En ese momento, Susana Díaz era Secretaria de Organización del PSOE andaluz.
Marzo 2011
Fernando Mellet, en declaración policial y ante la Fiscalía, afirmó que recibió de Antonio Rivas dos llamadas: una en diciembre de 2008, para confirmarle la concesión de la subvención a la Escuela de Hostelería, y para decirle que tenía que pedirles a los empresarios una contribución voluntaria para la Junta de Andalucía; otra el 5 de enero de 2009, para reiterarle la exigencia a los empresarios.
Daniel Ponce declaró que antes de la reunión del 16 de enero de 2009 recibió instrucciones directas de Fernando Mellet para que exigiera a los empresarios dicha comisión ilegal y la explicación de que eso había sido ordenado por Antonio Rivas.
Así funciona y sigue funcionando la Junta de Andalucía. ¿Quieres otra forma de gobernar?
masgranada 